Por Adam Taylor [Publicado 19 de octubre de 2021]
Contratos
La vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech ha demostrado ser un éxito. Primero en recibir la autorización de uso de emergencia en los Estados Unidos, la inyección de Pfizer se ha convertido en la más popular del mundo, con 3,5 mil millones de dosis compradas. Las ventas podrían duplicarse en 2022, según las proyecciones.
Pero la rápida proliferación de la vacuna, en virtud de contratos negociados entre la empresa y los gobiernos, se ha desarrollado detrás de un velo de estricto secreto, lo que permite un escaso escrutinio público del floreciente poder de Pfizer, incluso cuando aumenta la demanda en medio de nuevas negociaciones para uno de los más buscados del mundo. -después de los productos.
Un informe publicado por Public Citizen, un grupo de defensa de los derechos del consumidor que obtuvo acceso a varios contratos de Pfizer filtrados y no redactados arroja luz sobre cómo la compañía usa ese poder para «cambiar el riesgo y maximizar las ganancias«, argumenta la organización.
El gigante farmacéutico con sede en Manhattan ha mantenido estrictos niveles de secreto sobre las negociaciones con los gobiernos sobre contratos que pueden determinar el destino de las poblaciones. Los “contratos colocan constantemente los intereses de Pfizer antes que los imperativos de salud pública”, dijo Zain Rizvi, el investigador que redactó el informe.
Public Citizen encontró temas comunes en todos los contratos, incluido no solo el secreto, sino también el lenguaje para bloquear las donaciones de dosis de Pfizer. Las disputas se resuelven en tribunales de arbitraje secretos, y Pfizer puede cambiar los términos de las decisiones clave, incluidas las fechas de entrega, y exigir activos públicos como garantía.
Sharon Castillo, portavoz de Pfizer, dijo que las cláusulas de confidencialidad eran «estándar en los contratos comerciales» y «tenían como objetivo ayudar a generar confianza entre las partes, así como proteger la información comercial confidencial intercambiada durante las negociaciones e incluida en los contratos finales«.
Tanto Pfizer como Moderna, otra empresa estadounidense que desarrolló una vacuna utilizando tecnología de ARNm de vanguardia, se enfrentan a la presión de los críticos que los acusan de construir un «duopolio«. Aunque Pfizer no aceptó fondos del gobierno a través del programa de desarrollo de vacunas llamado Operation Warp Speed, recibió enormes pedidos por adelantado de Estados Unidos. Se opuso a una exención de propiedad intelectual que podría haber significado compartir su tecnología.
Los expertos que revisaron los términos de los contratos con gobiernos extranjeros sugirieron que algunas demandas eran extremas. En los contratos celebrados con Brasil, Chile, Colombia y República Dominicana, esos estados perdieron la «inmunidad contra la incautación preventiva de cualquiera de [sus] activos«.
“Es casi como si la compañía le pidiera a Estados Unidos que pusiera el Gran Cañón como garantía”, dijo Lawrence Gostin, profesor de derecho de salud pública en la Universidad de Georgetown.
La empresa rechazó esa lógica. “Pfizer no ha interferido y no tiene ninguna intención de interferir con los activos diplomáticos, militares o culturalmente significativos de ningún país”, dijo Castillo. «Sugerir cualquier cosa en contrario es irresponsable y engañoso«.
Algunas demandas contractuales parecen haber ralentizado los lanzamientos de vacunas en los países. Al menos dos países se alejaron de las negociaciones y criticaron públicamente las demandas de la empresa. Sin embargo, ambos llegaron a acuerdos posteriormente con Pfizer.
Los aspectos de los contratos no son infrecuentes, incluida la dependencia de los tribunales de arbitraje y las cláusulas diseñadas para brindar protección legal a las empresas. El precio de Pfizer por su vacuna, tan bajo como $ 10 por dosis en Brasil, parecía ser más bajo que los precios de algunos competidores.
“Las empresas farmacéuticas tienen preocupaciones”, dijo Julia Barnes-Weise, directora de Global Healthcare Innovation Alliance Accelerator. «Uno de ellos es, especialmente para una vacuna aún no aprobada, que podrían ser considerados responsables de cualquier daño que esa vacuna parezca haber causado«.
Contratos secretos
Pfizer ha formalizado 73 acuerdos para su vacuna contra el coronavirus. Según Transparencia Internacional, un grupo de defensa con sede en Londres, los gobiernos solo han publicado formalmente cinco contratos, y estos tienen «redacciones importantes«.
«Ocultar contratos de la vista del público o publicar documentos llenos de texto redactado significa que no sabemos cómo o cuándo llegarán las vacunas, qué sucede si las cosas van mal y el nivel de riesgo financiero que están absorbiendo los compradores«, dijo Tom Wright, gerente de investigación del Programa de Salud de Transparencia Internacional.
Gran parte de lo que se sabe sobre los contratos de Pfizer se ha filtrado, a menudo a través del periodismo de medios locales o internacionales, incluida la Oficina de Periodismo de Investigación.
Public Citizen analizó un borrador de acuerdo sin editar entre la empresa y Albania, así como documentos finales sin editar de Brasil, Colombia, República Dominicana, Perú y la Comisión Europea. Los documentos redactados publicados por Chile, Estados Unidos y Gran Bretaña proporcionan un contexto adicional, aunque faltan detalles clave.
El contrato alcanzado con Brasil prohíbe al gobierno hacer “cualquier anuncio público sobre la existencia, el tema o los términos del [el] Acuerdo” o comentar sobre su relación con Pfizer sin el consentimiento previo por escrito de la empresa.
“Esto es algo de otro nivel”, dijo Tahir Amin, un abogado de propiedad intelectual que cofundó I-Mak, una organización de salud global sin fines de lucro.
Pfizer ejerció control sobre el suministro de dosis de vacunas después de la firma de los contratos. El gobierno brasileño no pudo aceptar donaciones de dosis de Pfizer o hacer sus propias donaciones. Pfizer también incluyó cláusulas en los contratos con Albania, Brasil y Colombia de que podría cambiar unilateralmente los cronogramas de entrega en caso de escasez.
En los contratos con Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana y Perú, los gobiernos debían firmar un documento que decía que cada uno «renuncia expresa e irrevocablemente a cualquier derecho de inmunidad que él o sus activos puedan tener o adquirir en el futuro«. También se exigió a los cuatro primeros que renunciaran a la inmunidad contra la incautación «cautelar» de sus activos.
Public Citizen encontró contratos que requerían que los gobiernos “‘indemnizaran, defendieran y eximieran a Pfizer’ de y contra todas y cada una de las demandas, reclamos, acciones, demandas, daños, costos y gastos relacionados con la propiedad intelectual de las vacunas”.
Un gigante opaco
Pfizer no ha experimentado el mismo nivel de escrutinio público que Moderna, que ha sido acusada de aumentar los precios y retrasar las entregas.
Un funcionario de un país en medio de negociaciones con Pfizer, que no estaba autorizado para hablar sobre el tema, dijo que el país encontraba difícil negociar con Pfizer, pero confiable en la entrega de dosis de vacunas.
Al igual que la de Moderna, se ha descubierto que la vacuna de Pfizer es muy eficaz contra la variante delta del coronavirus y proporciona inmunidad duradera. Según los documentos filtrados, Pfizer parece haber ofrecido precios más bajos por su vacuna a los países más pobres que tenían menos influencia.
Castillo dijo que Pfizer se había comprometido con un enfoque de precios escalonados, donde las naciones más ricas pagaban el costo de una comida para llevar por dosis y los países de ingresos medianos bajos ofrecían precios a un precio sin fines de lucro.
Los términos del contrato relacionados con la inmunidad soberana pueden haber sido un intento de cubrir algunos riesgos sobre los que la empresa tiene poco control, incluido el uso de vacunas nuevas no aprobadas en países socios donde la empresa tiene poca supervisión sobre el almacenamiento y la distribución. Pfizer pudo haber estado preocupado por las demandas oportunistas, dijo Barnes-Weise.
Algunos países, incluido Estados Unidos, tienen leyes que otorgan indemnización a los fabricantes de vacunas, pero la mayoría no.
Sin embargo, Transparencia Internacional argumentó que al menos cuatro contratos o borradores que examinó iban «mucho más allá» que otros desarrolladores de vacunas, con «más riesgo para los gobiernos nacionales y lejos del desarrollador, incluso si el desarrollador o el proveedor cometen errores. socios de la cadena, y no solo si hay un efecto adverso poco común de las vacunas «.
Suerie Moon, codirectora del centro de salud global en el Graduate Institute of International and Development Studies en Ginebra, dijo que las restricciones a las donaciones eran «espantosas» y «contrarias al objetivo de hacer llegar las vacunas lo más rápido posible a quienes las necesitan«.
Castillo dijo que Pfizer actualmente no está emprendiendo acciones legales contra ningún gobierno relacionado con su vacuna contra el coronavirus.
Al menos dos países que inicialmente se retiraron de las negociaciones con Pfizer regresaron más tarde. En enero, Brasil dijo públicamente que Pfizer insistía en términos contractuales «injustos y abusivos«, señalando las cláusulas de confidencialidad. Apenas unos meses después, Brasil firmó un contrato de mil millones de dólares con el gigante farmacéutico por 100 millones de dosis. Public Citizen dice que el contrato firmado, que luego se filtró, contenía muchas de las disposiciones a las que Brasil se opuso una vez.
Argentina también rechazó las primeras negociaciones con Pfizer, y el exministro de Salud del país dijo públicamente que la empresa «se comportó muy mal» y estaba haciendo demandas que no cumplían con la ley argentina. Posteriormente, el país acordó comprar 20 millones de dosis. El contrato no redactado no se ha publicado.
Covax, una iniciativa de intercambio de vacunas respaldada por la Organización Mundial de la Salud ha comprado solo 40 millones de dosis relativamente modestas directamente de Pfizer, con informes de disputas durante las negociaciones posteriores. Posteriormente, Covax llegó a un acuerdo con Estados Unidos para que Washington comprara y redistribuyera 500 millones de dosis de Pfizer a países de bajos ingresos a través de Covax.
En su informe, Public Citizen pidió al gobierno de EE. UU. que use su influencia para obligar a Pfizer a adoptar un enfoque diferente, que incluye exigir a la empresa que comparta tecnología y propiedad intelectual para que otros fabricantes puedan producir la vacuna.
“La comunidad global no puede permitir que las corporaciones farmacéuticas sigan tomando las decisiones”, dijo Rizvi. «La administración Biden puede intensificar y equilibrar la balanza«.
Cortesía de The Washington Post.
*Adam Taylor escribe sobre asuntos exteriores para The Washington Post. Originario de Londres, estudió en la Universidad de Manchester y la Universidad de Columbia.
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