A principios de los años 90, una publicación científica alertaba de los efectos nocivos de los CFCs y otros gases con efecto invernadero. Aunque dichos compuestos son emitidos principalmente por los países industrializados, sus consecuencias afectan a la totalidad del planeta, y se agravan en los países más desfavorecidos. Fue entonces cuando surgió el concepto de deuda ecológica, definida como “una deuda contraída por los países industrializados a causa del expolio histórico y presente de los recursos naturales, los impactos ambientales exportados y la libre utilización del espacio global ambiental para depositar sus residuos”.
Mientras que muchos países de África, Asia y Latinoamérica siguen agobiados por la obligación de pagar la deuda externa generada en los años 70 – 80, poco se habla de otras deudas que no se miden en términos económicos y que los países desarrollados han contraído a lo largo de la historia. Por ejemplo, la exportación de materias primas a precios muy bajos, que no incluyen los daños ambientales que se producen en el lugar de la extracción, la contaminación generada tras su empleo y procesamiento, y la biopiratería, que consiste en la apropiación intelectual de conocimientos ancestrales respecto a semillas y plantas medicinales.
Este daño ambiental tiene importantes implicaciones económicas y sociales para los países. Por ejemplo, en el África subsahariana más del 70 % del empleo depende de la agricultura, que a su vez depende principalmente del clima. Según un informe de Greenpeace, para el año 2100 países como Chad, Níger y Zambia podrían perder casi la totalidad de su sector agrícola a causa del cambio climático, lo que implicaría la destrucción de miles de empleos con importantes consecuencias sociales.
Sin embargo, si bien el concepto de deuda ecológica está claro, resulta más difícil concretar y cuantificar esta deuda. ¿Se puede poner precio al daño ambiental? Mientras que algunos expertos la consideran una estrategia útil, ya que el lenguaje financiero es entendible para instituciones y empresas, y puede ser un argumento frente al pago de la deuda externa, la idea también tiene desventajas: la mayor parte del daño ecológico es irreversible, y el precio debe ser lo suficientemente elevado como para que no se interprete como un “permiso de contaminación”.
La huella ecológica
Un indicador muy aceptado y útil para estimar la cuantía de la deuda ecológica es el concepto de “huella ecológica”, que se expresa como la superficie necesaria para producir los recursos consumidos por un ciudadano y para absorber los residuos generados por él mismo. Se trata de una forma sencilla de medir que además permite evaluar las diferencias entre países. Según el último informe de la Nacional Footprint, la capacidad del planeta es de 1,8 hectáreas globales por persona, mientras que la media de la huella ecológica mundial por persona en el año 2011 aumentó hasta las 2,7 hectáreas, es decir, necesitaríamos un planeta y medio para poder regenerar el daño ambiental y mantener el nivel de consumo.
Además, las diferencias por países son muy elevadas: EEUU tiene una huella de 9,6 hectáreas, mientras que la huella de los habitantes de Angola es de 0,9. En el caso de España es de 5,6 hectáreas por persona.
¿Cómo reducir la deuda ecológica?
En primer lugar, la reducción de la deuda ecológica pasa por el reconocimiento de su existencia por parte de los países industrializados, que en este caso son los deudores. A partir de ahí, los expertos sugieren una combinación de políticas que busquen, por un lado, la reducción en la explotación de los recursos naturales, un control internacional para que dicho aprovechamiento sea justo y equitativo y una compensación económica por el daño histórico y actual causado. Además, las empresas privadas deberían incorporar en sus actividades una serie de criterios sociales y ambientales, lo que se ha llamado “Responsabilidad Social Corporativa”.
A nivel individual, todos podemos hacer algo, tanto reduciendo y practicando un consumo responsable y ecológico, como participando en las campañas por la deuda ecológica, como “¿Quién debe a quién?”, que lucha por la abolición de la deuda externa y la vincula directamente con el reconocimiento y compensación de la deuda ecológica.
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Fuente: Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción
